El Ministerio de Justicia gasta cada año cerca de 500.000 euros al año en el alquiler de diversas instalaciones, mientras la futura Ciudad de la Justicia, que tanto han reclamado desde el Tribunal Superior de Justicia sigue sin apenas presupuesto, sin plazos convincentes y con las obras todavía sin empezar.
La Diputación Provincial de Albacete cedió el terreno, en el antiguo colegio Giner de los Ríos, que fue demolido, pero en cuyo solar no han comenzado las obras de un edificio que necesita con urgencia la Justicia en Albacete y en la región, como así lo viene reclamando el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, Vicente Rouco, que ha demandado que este proyecto sea “prioritario” para la ciudad en múltiples ocasiones.
Las instalaciones que tiene en propiedad justicia en la actualidad es el edificio de la calle San Agustín, 1, junto a la Plaza del Altozano, pero son más los edificios que debe alquilar y por los que se paga algo más de 40.000 euros en total al mes, lo que significa cerca de 484.000 euros anuales, según datos oficiales de la Gerencia Territorial de Justicia.
El mayor alquiler es el edificio donde están los juzgados de Menores y lo Social, en la calle Tinte 3, donde Justicia tiene alquilado todo el edificio, por un alquiler anual de unos 250.000 euros.
En la calle Dionisio Guardiola, 44 esquina con Torres Quevedo, 3, están las instalaciones del Registro Civil, el Juzgado de Primera Instancia 3, el Mercantil, los Juzgados de Primera Instancia 4 y 7, además de un sótano planta, que alberga los archivos del Registro Civil y Mercantil.
Supone un alquiler anual de unos 120.000 euros.
En la calle Caldereros, en la planta baja, sin número, se encuentran los Juzgados de Primera Instancia 2 y 5 y los servicios comunes, con un coste de unos 23.000 euros al año. Y en la calle Salamanca, 3, el servicio común de notificaciones y embargos por el que se pagan unos 64.000 euros de alquiler al año. Además, en Campollano está el Archivo Judicial Territorial con un coste cercano a los 24.000 euros al año.
En el resto de la provincia los edificios son en propiedad o los pagan los Ayuntamientos.
