La Audiencia Provincial de Albacete tiene previsto juzgar este miércoles, 2 de noviembre, a dos hermanos rumanos, un hombre y una mujer, N.P.M. y F.R.C., acusados de traer a compatriotas con engaños hasta Albacete para explotarles laboralmente, hechos por los que se enfrentan a 11 años de cárcel, según consta en el escrito de acusación.
El padre de ambos y otro hermano están también acusados por los mismos hechos, pero están en paradero desconocido, por lo que no se sentarán este miércoles en el banquillo de los acusados.
Los procesados están acusados haber traído a varios compatriotas de Rumanía hasta Albacete con falsas ofertas de empleo para trabajar en el campo y después alojarlos en condiciones de hacinamiento, lo que cuatro de los trabajadores denunciaron ante la Comisaría de Policía Nacional de Albacete en junio del año 2014. El escrito de acusación indica que funcionaban como un «clan familia que se convirtió en grupo criminal» y a principios de 2014 decidió ganar dinero «a costa de aprovecharse de bastantes compatriotas suyos».
Explican que los procesados colgaron un anuncio en Internet con la oferta de «obtener trabajo en España durante cinco meses» recogiendo ajos, un trabajo «bien retribuido» que permitiría a los contratados ganar hasta 2.000 euros. La oferta añadía que no tendrían necesidad de llevar dinero a España porque «desde el primer día podrían trabajar» y que hasta el día de inicio les pagarían 50 euros a la semana «para poder comer».
La falsa oferta también incluía viviendas donde cada pareja tendría una habitación con luz y agua, a cambio de 160 euros por pareja, y cuatro euros por el transporte de cada día.
Más de una veintena de personas respondieron a la oferta y «todas decidieron venir a España», pero las condiciones no fueron las anunciadas: llegaron en autobús a Albacete el 22 de mayo de 2014, donde les recogieron y repartieron en dos casas, una en la capital, donde alojaron a 36 personas, y otra en el municipio de Balazote, en donde había 14 adultos y cuatro niños.
La acusación señala que en las tres primeras semanas los rumanos no pudieron trabajar porque carecían de documentación y luego los acusados se la quedaron: «Todos los emigrantes fueron privados de su documentación», quedando así anulada su libertad.
El trabajo y el salario que ejercieron fue además muy distinto del prometido y, además, bajo amenazas, porque «no podían hablar con nadie ni preguntar acerca de sus condiciones» y cobraban entre 500 y 600 euros o nada porque «todo lo que ganaron se lo quedaron los acusados».
El domingo 8 de junio muchos de los trabajadores acudieron a la Comisaría y denunciaron los hechos, y los procesados, entonces, «les entregaron 100 euros» para que compraran un billete y se fueran de vuelta a Rumanía «eliminando las pruebas en su contra».
