El pasado 23 de octubre, el Partido Popular en el Ayuntamiento de Montealegre del Castillo, denunciaba, en una nota de prensa, la irregularidad en un pago realizado por la alcaldesa del municipio. Este lunes, 4 de noviembre, la alcaldesa de Montealegre, María Dolores Almarcha, ha remitido un escrito a este medio en el que asegura que «el PP miente» y que «ni un sólo euro está sin justificar» en las cuentas de esta localidad, explicando los hechos.
En el mismo, precisa que «han existido todos y cada uno de los controles conforme a la legalidad, así como la correspondiente fiscalización llevados a efecto por el organismo administrativo competente, que no es la Alcaldía ni un órgano político, sino la Secretaría General de este Ayuntamiento, que informó favorablemente tanto respecto a los movimientos económicos individualmente, según se recoge en la propia Resolución ahora anulada por esta misma Alcaldía, como respecto a la Resolución que solo en base a esa conformidad de la Secretaría, fue aprobada por Resolución de Alcaldía».
La alcaldesa ha defendido que «el técnico incurrió en error en los plazos de aprobación y conceptualización, provocado por la propia Diputación que en un primer momento dio su visto bueno, y ese defecto formal, trasladado al Informe previo es lo que condujo a la Resolución de Alcaldía que nos hemos visto obligados a anular. Solo después del recurso del Grupo Popular se advierte el defecto formal y se ha actuado en consecuencia».
Considera que «este defecto no cuestiona en modo alguno la regularidad de las cuentas; materialmente todo es impecable».
UNA CORRECCIÓN FORMAL
E insiste en que «ni un sólo euro ha sido malgastado ni gastado fuera de control, siendo que todo se ha empleado en los servicios a los ciudadanos (cultura, deporte, restauración y reparaciones en instalaciones y edificios públicos, incluido red abastecimiento de agua potable y caminos rurales, atención a los mayores en todas las áreas de competencia municipal, refuerzo en la plantilla de la Escuela infantil municipal, etc). La propia Diputación señala incluso que el procedimiento ha sido el adecuado, aunque el defecto de forma aconseja la anulación y corrección formal».
La alcaldesa ha aseverado que «en cada uno de los actos aprobatorios de las facturas y de la Resolución estuvo presente el Grupo Popular y sus Concejales, por lo que, cuando se señala «evitar que alguien se gaste casi 600.000 sin control y sin fiscalización previa», sabían plenamente que eso era falso».
