Aunque José Bono lleva alejado casi seis años de la política, el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil deben emplear todavía varios agentes en proteger al exministro de Defensa y la vivienda de la que es propietario en un pueblo toledano. Su seguridad corre por cuenta del Ministerio del Interior y, por tanto, con cargo al erario público, como lo ha denunciado ABC.
Indica que continúa disfrutando de una escolta de la Policía Nacional, a la que están adscritos tres agentes de la plantilla de Toledo, a pesar de que ya no es un político en activo. Además de encargarse de la «protección dinámica», esos policías también deben realizar las veces de conductores del coche en el que Bono viaje; por tanto, dos funciones en una sola persona: conductor y escolta.
Por otro lado, la Guardia Civil se encarga de la vigilancia del chalé que Bono tiene en una urbanización de Olías del Rey, en Toledo, en la que aseguran que casi no vive, pero que contando con un circuito cerrado de televisión, además de una garita de vigilancia.
Durante su larga etapa política, era frecuente que agentes en vehículos de la Guardia Civil, patrullas o camuflados, se movieran por los alrededores del chalé. Asimismo, era imposible detenerse delante de la puerta de la casa sin que un agente saliera inmediatamente para indicar al conductor que no se podía estacionar en esa zona. A lo largo de la fachada y del perímetro de la vivienda, hay pintada en el suelo una línea amarilla continua que prohíbe estacionar. Frente a la puerta de entrada, existe otra marca blanca continua sobre el pavimento y dos señales de prohibido aparcar y parar.
La Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) ya denunció ante la Inspección de Trabajo algunas de las malas condiciones en que los guardias deben trabajar en esa garita «que es un horno en verano y un congelador en invierno».
Desde esta Comandancia se ha solicitado en varias ocasiones, sin éxito, retirar la protección a la vivienda, porque nadie vive de manera habitual en ella. También desde la AUGC han levantado en varias ocasiones la voz contra esos privilegios de Bono. Según esta asociación, la escolta y la seguridad por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a altos cargos públicos se mantiene unos seis meses después de que estos dejan su puesto.
