El Gobierno de Castilla-La Mancha pondrá en funcionamiento en las próximas semanas, una Oficina Regional de Atención a Situaciones de Desahucio, con servicios provinciales vinculados a este organismo, y que dependerá de la Consejería de Fomento.
Así lo adelantó, el delegado de la Junta de Comunidades en Albacete, Pedro Antonio Ruiz Santos, durante una reunión con la Comisión Negociadora de la Plataforma Stop Desahucios de Albacete, donde remarcó que esta problemática “trasversal” tiene también dimensiones de carácter social, que serán abordadas por el Ejecutivo autonómico, en colaboración con estos movimientos ciudadanos, y con los propios afectados.
“Para solucionar el problema de los desahucios debemos trabajar conjuntamente desde diferentes visiones, ámbitos y actuaciones”, afirmó Ruiz Santos, que enumeró además del compromiso del Gobierno regional a través de la Dirección General de Vivienda y Urbanismo; y de la propia Consejería de Bienestar Social; el importante papel que deben desempeñar los servicios jurídicos, y una línea de concertación con las entidades financieras.
Ruiz Santos subrayó que el desahucio “tiene otras fórmulas para que no sea la última alternativa”, y apuntó que “los impagos no son por voluntad propia y que detrás hay otras causas”.
Compromiso de Investidura y otras líneas de actuación
La Plataforma Stop Desahucio valoró positivamente la futura puesta en marcha de esta Oficina regional de Coordinación y Asesoramiento, una herramienta que según, Manuel García, representante de la Comisión Negociadora, debería tener respuesta en Diputaciones y Ayuntamientos de Castilla-La Mancha, al igual que la utilización de los servicios jurídicos para “desactivar estos dramas y situaciones”.
Desde la Plataforma Antidesahucios se recordó la importancia que tuvo este asunto en el Discurso de Investidura del presidente de la Junta de Comunidades, Emiliano García-Page, así como en el acuerdo alcanzado por el PSOE y Podemos Castilla-La Mancha, para fijar una alternativa de alquiler social y evitar desahucios, sin que la propia Administración regional haya intermediado.
La Comisión Negociadora de este Movimiento Asociativo trasladó al Gobierno regional, una serie de propuesta en materia de desahucios, como la participación de los agentes sociales en la Oficina Regional, cumplir con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, constituir un fondo social de viviendas, la colaboración de la Administración de Justicia, e instar a las empresas a resolver los problemas de pobreza energética.
