El caso de Andrea, la niña gallega de 12 años que sufre una enfermedad irreversible y para la que sus padres reclaman una muerte digna, ha reabierto en España el debate sobre cómo regular la voluntad de poner fin a una vida al padecer una patología incurable y que hoy por hoy difiere por comunidades. A nivel estatal, en España el Código Penal prohíbe la eutanasia activa y el suicidio asistido y cuenta, desde 2002, con la Ley Básica Reguladora de la Autonomía del Paciente y de Derechos y Obligaciones en materia de Información y Documentación clínica, en la que se reconoce como un principio básico «la dignidad de la persona y el respeto a la autonomía de su voluntad».
Además, el paciente «tiene derecho a decidir libremente», entre las opciones clínicas disponibles y a «negarse al tratamiento», mientras el profesional sanitario «está obligado», entre otras cosas, al cumplimiento de los deberes de información y de documentación clínica y «al respeto en las decisiones adoptadas libre y voluntariamente por el paciente».
Precisamente Galicia es una de las comunidades que cuentan con su propia norma para regular la muerte digna, cosa que Castilla-La Mancha no tiene.
Andalucía, por su parte, fue pionera en contar con una ley de estas características, en marzo de 2010. Regula la limitación del esfuerzo terapéutico, prohíbe el ensañamiento terapéutico y permite a los pacientes rechazar un tratamiento que prolongue su vida de manera artificial.
Aragón aprobó en 2011 la Ley de derechos y garantías de la dignidad de la persona en el proceso de morir y de la muerte, estableciendo que todas las personas podrán expresar su voluntad incluso de forma anticipada sobre las intervenciones y tratamientos médicos que desean recibir.
En Asturias no hay una ley específica en este asunto, pero sí existe el testamento vital, en el que la persona manifiesta anticipadamente los tratamientos que desea recibir cuando ya no pueda tomar decisiones.
En Baleares, el pasado año se aprobó la Ley de Derechos y Garantías en el proceso de morir, aunque desde 2006 existe un Registro de Voluntades Anticipadas que gestiona las declaraciones en las que los pacientes fijan límites a los tratamientos en caso de enfermedades terminales. Hasta el 14 de septiembre se han recibido 5.105 testamentos.
Desde marzo de este año, Canarias cuenta con la Ley de derechos y garantías de la dignidad de la persona ante el proceso final de su vida, que fija, entre otras cosas, que «toda persona tiene derecho a rechazar la intervención propuesta por los profesionales sanitarios, tras un proceso de información y decisión, aunque ello pueda poner en peligro su vida».
En Cantabria, Extremadura, Murcia y Castilla y León y La Rioja no hay una ley de muerte digna.
Castilla-La Mancha no tiene aprobada ninguna norma de muerte digna, aunque sí una sobre Voluntades anticipadas que regula el testamento vital y contempla un registro en el que figuran unas 5.200 personas desde 2006.
En Cataluña, el Departamento de Salud gestiona un registro de voluntades anticipadas donde figuran los testamentos vitales, documento en el que una persona expresa las instrucciones para cuando esté en una situación en la que no pueda hacerlo.
La Comunidad Valenciana ha anunciado que estudia elaborar una ley que contemple el derecho de los valencianos a tener una «atención que respete los valores para morir con dignidad».
Madrid tiene un Registro de Instrucciones Previas, es decir, los deseos que una persona manifiesta anticipadamente sobre el cuidado y tratamiento de su salud o el destino de su cuerpo, para que esa voluntad se cumpla en el momento en que esa persona llegue al final de su vida.
En Navarra, desde 2003 existe la posibilidad de registrar a partir de los 16 años un testamento vital, en el que se recogen los cuidados que una persona desea recibir para evitar el sufrimiento o alargar la agonía si llegado este caso no sea capaz de expresarse.
En el País Vasco, el Parlamento tramita una proposición de ley sobre el derecho a una muerte digna aunque algunos grupos señalan que esa legislación, en caso de aprobarse, chocaría con el Código Penal. Además, reclamó el pasado mes de junio al Gobierno que modifique la legislación relacionada con la eutanasia para despenalizar el denominado suicidio asistido.
