Lo cuenta el diario El Mundo, con su pacto de Gobierno, PSOE y Podemos han disimulado en Castilla-La Mancha, tras los trámites de los Presupuestos de 2017, una reforma en el proyecto de ley que regirá la gestión de la Administración y que supone que los que accedan a altos cargos de la Junta de Comunidades consigan una mejor posición en la escala funcionarial.
Ello supone una mejora en las retribuciones una vez abandonen el cargo político y vuelvan a su anterior trabajo en la administración, pero también en sus futuras pensiones, además de permitir a estos funcionarios optar a cargos a los que no podrían aspirar sólo por su cualificación. La norma además tiene carácter retroactivo y a ella podrían acogerse todos los cargos que reingresen a su anterior ocupación, siempre que lo hayan hecho después de la creación de la autonomía, en 1983.
Así lo han denunciado numerosas organizaciones sindicales, además de la oposición del PP en la región. Fuentes jurídicas especialistas en función pública señalaron a EL MUNDO que la reforma es legal, pero la definen como un «disparate». La retroactividad de una norma está contemplada por la Constitución si no es perjudicial, pero parece «un pago a los que han contribuido a la causa», es decir, un premio a los que han detentado un cargo político en la región.
Desde las filas del PP apuntaron a que esta decisión podría deberse a las intenciones de Emiliano García-Page de contentar a los cargos más antiguos del PSOE en Castilla-La Mancha, los que ven con peores ojos el cogobierno con Podemos.
