La polémica con despedidas de soltero sí o no afecta a otras ciudades no solamente a Albacete. Así, estos días saltaba a los medios nacionales la decisión del Ayuntamiento de Mójcar, en Almería, de multar con 1.000 euros actos como las “diademas de pene” o las “muñecas hinchables”. Mientras hay vecinos que alzan la voz contra estas prácticas y hosteleros que incluso prohíben ya el acceso a sus locales a gente con estas camisetas –en La Zona ya se pueden ver algunos ejemplos- son varios los ayuntamientos que lanzan ordenanzas para evitar en sus localidades casos como el de Magaluf, aunque este ya sería muy extremo.
En Albacete, en virtud a la ordenanza cívica se pueden sancionar prácticas como las charangas por la calle o el escándalo por ruido, si bien el documento, redactado en 2012 para prohibir el botellón y la práctica de la prostitución en la calle no recoge nada expresamente sobre disfraces.
El Consistorio, que no es partidario de entrar en esta discusión y mantiene, según ha trascendido, alguna reunión con los colectivos, mientras la oposición reclama que se convoque la mesa correspondiente –entre ellas la del ruido- para abordar las líneas de acción, no se ha pronunciado sobre si irá más allá en la ordenanza y se podrían prohibir o no los disfraces.
En la provincia está el caso de la localidad de Alcalá del Júcar, que recientemente aprobó su nueva ordenanza de Seguridad y Convivencia ciudadana donde sí recoge expresamente que está sancionado “circular por vía urbana en estado de desnudez, en ropa interior o con disfraces”. Las multas van de los 750 euros hasta los 3.000.
En este caso, donde el número de turistas es muy notable, van más allá e incluyen la posibilidad de sancionar también que se disparen petardos o que se generen “ruidos innecesarios desde vehículos tales como claxon”.
En Albacete, la Asociación de Damnificados por el Ruido de las calles Concepción y Caldereros vienen reclamando más acciones sancionadoras y más control sobre estas prácticas. En que se controle la convivencia es algo a lo que no se oponen tampoco los hosteleros, conscientes de que una mayor seguridad en la zona lo supondrá también para sus negocios.
La polémica está servida porque además este tipo de normativas no resultan fáciles de aplicar en la práctica, porque si hay botellón o no es evidente cuando se incumple, pero ¿y si España gana la Eurocopa y tocamos el claxon nos van a caer casi 1.000 euros de multa? Lo dicho, la polémica está servida a nivel nacional y la provincia no se libra de ella.
