El Gobierno de Castilla-La Mancha ha expresado su rechazo a la propuesta del nuevo modelo de financiación autonómica que el Gobierno central ha hecho público a través de los medios de comunicación, al considerar, según los datos que dispone, que se trata de una propuesta que tiende a la ordinalidad, una “línea roja” para el Ejecutivo autonómico porque defiende que “quien más tiene, más reciba”.
Así lo ha destacado el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, en declaraciones a los medios de comunicación, previas al pleno del Consejo de Política Fiscal y Financiera que se ha celebrado hoy en Madrid, que ha estado presidido por la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y donde ha estado acompañado por el director general de Presupuestos, Isidro Hernández.
En este sentido, Ruiz Molina ha reiterado el hecho de que esta propuesta “nace del chantaje de los independentistas catalanes, que lo único que buscan son privilegios, más financiación frente a los demás”. Así, ha deseado que hoy se puedan obtener todos los datos precisos para conocer cómo se ha llegado a las cifras, porque es “inaudito” que, en la historia de la financiación autonómica, no se dispongan de datos y que la única fuente de información sea a consecuencia de los apuntes de la rueda de prensa de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda y del dossier de prensa que distribuyó el gabinete de prensa del Ministerio.
Una información que, como ha señalado, “solo la tiene el Estado, los independentistas catalanes y, parece que también el presidente de la Generalitat”. En este sentido, Ruiz Molina ha insistido en que es muy importante tener esos datos, por un lado para saber cómo se llega a ese incremento de financiación para cada una de las comunidades autónomas y, por otro, para saber cómo se llega a ese resultado final, es decir, con qué volumen de recursos vamos a contar cada una de las comunidades autónomas en el año 2027, así como “saber si se ha hecho con un criterio racional o con un criterio caprichoso, para llegar al resultado, en relación con Cataluña”.
Modelo negociado bilateralmente
Respecto a la petición del Gobierno central para que el Partido Popular presente una propuesta alternativa de financiación, el consejero ha considerado que es una demanda lógica y ha subrayado que esa misma petición debería haberse formulado al Partido Socialista, porque, y así lo ha asegurado, “este modelo no se ha negociado en el seno del PSOE”. Además se han incumplido dos resoluciones aprobadas en el último Congreso Federal que se celebró en Sevilla.
La primera es la relativa a la multilateralidad, ya que “se ha negociado de manera bilateral”, con un agravante, que es que “ni siquiera se ha negociado con una comunidad autónoma, sino con un partido independentista” que, además, ha recordado, “no gobierna en ninguna comunidad autónoma”.
El principio de ordinalidad, una línea roja
En segundo lugar, y en base a los datos disponibles, el titular de Hacienda ha lamentado que “parece que se consagra ese principio de ordinalidad” y para el Ejecutivo autonómico es una “línea roja”. Por eso, ha declarado que no se puede admitir que “quien más tiene, más recibe”, esto es, que aquellas comunidades autónomas con mayor capacidad tributaria tengan derecho a disponer de mayor financiación, y, en consecuencia, sus ciudadanos y ciudadanas tengan derecho a “mejores servicios públicos que los demás”.
En este sentido, el consejero ha aclarado que esa ordinalidad tiene un agravante, ya que le está mandando un mensaje a la ciudadanía como que “quien paga más IRPF porque tiene mayor capacidad económica tiene derecho a ser mejor tratado en relación con los servicios públicos”. Por lo tanto, y así lo ha querido dejar claro, la ordinalidad es “indefendible” para el Gobierno regional y un postulado inaceptable también para la izquierda en su conjunto.
Ordinalidad incompatible con el principio de igualdad
Para finalizar, el titular de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, ha sostenido que desde Castilla-La Mancha consideramos que la “ordinalidad es incompatible con la igualdad”, significando esta última que todos podamos prestar los servicios públicos con el mismo nivel de calidad, con independencia de la capacidad económica de la ciudadanía o de los territorios donde residan. Para rematar, ha dicho que el Ejecutivo autonómico de García-Page defiende un “modelo de financiación que iguale la financiación por habitante ajustado”, con la que ya no podríamos hablar de orden, pero sí de igualdad.
