
Albacete registra desde hace casi dos décadas un grave problema con los asentamientos irregulares de inmigrantes, en zonas como la carretera de Peñas, que se han convertido en un problema que no han solucionado ni los unos ni los otros, en un «la pelota es del otro tejado». Pero la situación ha empeorado y mucho este verano, al convertirse en un problema sanitario por el brote Covid que se detectó en el asentamiento de la carretera de Peñas y que tantos desvelos está dando a los representantes institucionales.
La responsabilidad, al ser un brote sanitario, es esta vez del Gobierno regional, a quien el Gobierno central les dejó claro que les corresponde la gestión de los brotes Covid, pero lo cierto es que, usando el símil taurino que mucho le gusta al alcalde de Albacete, Vicente Casañ, son otros los que han tratado de coger el toro por los cuernos. Y la respuesta no está siendo fácil como tampoco lo va a ser la solución.
No sólo el Ayuntamiento, que fue el único que habló el domingo fatídico de la revuelta en Circunvalación protagonizada por un centenar de inmigrantes, también el subdelegado del Gobierno, Miguel Juan Espinosa, ha estado desde el primer momento al pie del cañón.
A Casañ, a Espinosa y al vicealcalde de Albacete, Emilio Sáez, les hemos visto desde el primer momento ‘remangarse’, dejar la corbata en los despachos y salir a ‘batallar’ sobre el terreno para intentar negociar por ellos mismos con los propios temporeros, con el fin de que no fuera necesaria la fuerza policial, en una época en la que las imágenes se si interpretan mal pueden pasar mucha factura.
En el motín de este miércoles de agosto al subdelegado del Gobierno le hemos visto sentado ‘codo con codo’ en el escalón de un edificio, junto a varios temporeros que no había forma de que volvieran a la IFAB, pidiéndoles que por favor lo hicieran. Y muchas han sido las entradas y salidas de Casañ y Sáez desde la IFAB a la zona donde esperaban los más rebeldes para convencerles. «Que es la hora de comer y os están esperando», llegaba incluso a decir Casañ cuando ya no sabían con qué argumentos convencerles.
Son conscientes de que los inmigrantes se han saltado una orden judicial y los vecinos están muy indignados pero también entienden, aunque en ningún caso la violencia está justificada, que los temporeros o trabajan o no cobran y están desesperados por poder salir, trabajar y mandar dinero a sus familias.
Difícil conciliación de intereses en un problema al que se ha buscado ahora como solución la reubicación en otras zonas, en grupos de 20-25 personas. Por cierto que la anunciaba Casañ, dando de nuevo él la cara ante los medios. Ha insistido en recordar que ellos colaboran pero la gestión es de la autoridad sanitaria, aunque ya se sabe que, en estos casos y cuando la ciudadanía de a pie no entiende de competencias, al que da la cara es al que se la pueden ‘partir’, pero Ayuntamiento y Subdelegación hoy han preferido estar en la ‘batalla’ de la calle, que es donde entendían que se les necesitaba.
Muy preocupadas también se ha visto a la concejal de Hacienda, María José López, que por cierto es inspectora de Trabajo y seguro que ha podido aportar mucho sobre la problemática que trasciende el Covid en estos casos; y a la concejal de Acción Social, Juani García, que siempre ha demostrado grandes dosis de generosidad en la gestión de los problemas.
Llamativamente, no ha hablado con los medios nadie de la Junta, que tiene la gestión sanitaria. El director general de Salud Pública, Juan Camacho, les ha reunido en la Delegación de Sanidad, como precisaba Casañ, y ha excusado su presencia -quizás haya tenido que ir a alguno de los nuevos brotes que hoy se han conocido en la región- y hasta la IFAB ha llegado el delegado de la Junta, Pedro Antonio Ruiz Santos, pero no ha estado entre quienes han salido a negociar personalmente con los inmigrantes.
La situación no es ni mucho menos fácil y después llegará el problema ‘B’, de dónde van los temporeros. Cuando ya no sea un problema sanitario, el Ayuntamiento deberá ver qué puede hacer, con la Subdelegación que es quien tiene las competencias en materia de extranjería. Habrá quien piense que como luego la pelota les irá a ellos por eso esta vez se han mojado más, pero la preocupación latente en todos ellos evidenciaba que el problema, al menos, les preocupa y mucho. Quizás pasen más años sin solución, pero al menos esta vez se ha empezado a actuar y desde distintos ‘colores’ políticos ahora que está tan de moda hablar de ello.
Sin la actuación conjunta de todos el problema no se resolverá y quizás con ello tampoco, porque es complicado, pero estará un paso más cerca de poder conjugar la seguridad y tranquilidad vecinal con el sueño convertido en pesadilla de quienes llegaron a nuestra ciudad para tratar de ganarse la vida y sobreviven como pueden para mandar dinero a su familia. Por cierto, también con los intereses de empresarios que no siempre les dan las mejores condiciones y que tampoco siempre son de esta provincia. Muchos frentes y muy complicados que quizás se puedan ir cerrando ahora que los políticos se han ‘remangado’ para tratar de solventarlo.