La política debe ser, ante todo, el espacio donde se trabaja para mejorar la vida de las personas. Un lugar desde el que construir ciudades y pueblos más acogedores, impulsar marcos normativos solidarios y fortalecer sociedades en paz que permitan proyectos de futuro basados en la cooperación y en la fuerza colectiva. Desde estos principios cobra sentido acompañar a los colectivos, a las asociaciones y a cada persona en su lucha diaria por una vida mejor, demostrando que la política es, por encima de todo, un servicio público imprescindible.
En este contexto, la modificación de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, actualmente en fase final de tramitación parlamentaria, representa uno de esos momentos en los que la política se muestra en su mejor versión: como una acción útil, comprometida y orientada a transformar la realidad. Muy pronto veremos estas reformas aprobadas en la Comisión de Derechos Sociales, culminando un trabajo que trasciende cualquier ruido coyuntural.
El nuevo marco legal incorpora medidas decisivas: el reconocimiento de derechos fundamentales; la simplificación administrativa para garantizar procedimientos más eficaces; la accesibilidad universal como derecho; la adaptación de viviendas para que más de 100.000 personas con discapacidad puedan vivir con autonomía; la protección específica de mujeres y niñas con discapacidad; y la garantía de que la tecnología y la Inteligencia Artificial sean accesibles y libres de sesgos discriminatorios.
Todo ello ha sido posible gracias a dos pilares: la implicación de quienes necesitan leyes ajustadas a sus realidades actuales y el compromiso del PSOE, siempre atento a la utilidad social de cada norma. El Gobierno de Pedro Sánchez ha entendido la urgencia de esta reforma, destinando 6.200 millones de euros para hacer realidad las demandas de más de 28.000 entidades del Tercer Sector, que junto al CERMI han reclamado agilizar su aprobación.
Se trata de un logro que refleja la fuerza del movimiento asociativo y la sensibilidad del Gobierno hacia las políticas sociales. Una forma de entender la política que la sitúa donde siempre debería estar: en la mejora directa de la calidad de vida de las personas, frente a quienes intentan desdibujar ese propósito.
Todos los grupos parlamentarios, excepto PP y Vox, han respaldado el informe y las enmiendas que han dado forma al texto definitivo. Este apoyo evidencia la sensibilidad hacia los colectivos afectados y subraya un elemento esencial: la fuerza de las mayorías democráticas y la responsabilidad de legislar pensando en la ciudadanía, desde la sensibilidad social y el respeto a los derechos humanos.
Como ponente de esta iniciativa legislativa, apelo a la responsabilidad de los grupos que no han apoyado la Ley para que faciliten su aprobación definitiva. No hablamos solo de discapacidad: hablamos de fortalecer el músculo de nuestra democracia y de seguir aportando valor a la política desde su función esencial, que es mejorar la vida de los españoles y las españolas.
Porque el consenso es garantía de una sociedad mejor. Y porque la responsabilidad política debe ser siempre la forma de trabajar por y para las personas. Vamos a hacerlo posible.
EMILIO SÁEZ CRUZ, Diputado Nacional del PSOE por Albacete.
