Reproducimos el artículo elaborado por un presidente de tribunal en las oposiciones de Educación Primaria, al hilo de la polémica generada en las últimas semanas alrededor de este proceso:
Durante las últimas semanas, la opinión pública ha asistido a un intenso debate sobre el desarrollo del último proceso selectivo para ser maestro o maestra de Educación Primaria. Las críticas han ocupado titulares, las redes sociales se han llenado de acusaciones y algunos sindicatos han cuestionado abiertamente la actuación de los tribunales calificadores. Sin embargo, en medio de todo ese ruido, hay una realidad que apenas ha tenido espacio: la versión de quienes hemos formado parte de esos tribunales.
Resulta llamativo que, mientras se ha dado una amplia difusión a las quejas de quienes no han superado las oposiciones, prácticamente ningún medio de comunicación ni ninguna organización sindical haya considerado oportuno preguntar a los miembros de los tribunales por las razones que explican los resultados obtenidos.
Se ha construido un relato en el que solo parecía existir una parte afectada, cuando la realidad es mucho más compleja.
Quienes hemos participado en los tribunales hemos dedicado decenas de horas a una labor de enorme responsabilidad. Hemos evaluado cientos de exámenes con criterios previamente establecidos, aplicando la normativa vigente y actuando con independencia, profesionalidad y absoluta honestidad. No somos infalibles, pero sí merecemos que nuestro trabajo sea valorado con el mismo respeto con el que se escuchan las críticas de quienes no han obtenido la plaza.
En las últimas semanas se ha instalado la idea de que el elevado número de suspensos es consecuencia de una actuación arbitraria de los tribunales. Sin embargo, apenas se ha planteado otra posibilidad: que una parte importante de los aspirantes no alcanzara el nivel de conocimientos exigido para acceder a un puesto de tanta responsabilidad.
Un proceso selectivo no garantiza el aprobado por el mero hecho de presentarse; su finalidad es seleccionar a quienes demuestran una mejor preparación y una mayor capacidad para desempeñar la función pública.
El problema es que, cuando solo se escucha a quienes consideran injusto el resultado, se transmite a la sociedad la falsa impresión de que cualquier suspenso responde necesariamente a un error del tribunal. Esa narrativa no solo erosiona la
confianza en las instituciones, sino que también perjudica a quienes sí han superado el proceso tras años de estudio, esfuerzo y sacrificio, sembrando dudas injustificadas sobre un mérito legítimamente conseguido.
Es cierto que el actual sistema de oposiciones necesita una profunda reflexión. Existen aspectos que pueden y deben modernizarse para hacerlo más eficiente, transparente y adaptado a la realidad actual. Pero esa necesaria reforma no puede
convertirse en un argumento para desacreditar, de manera generalizada, el trabajo de quienes han actuado conforme a la legalidad y con pleno sentido de la responsabilidad.
Especialmente preocupante resulta comprobar cómo algunos opositores, incluso después de recibir respuestas motivadas a sus reclamaciones, continúan presentando recursos de alzada sobre exámenes que objetivamente presentan importantes deficiencias de contenido, redacción o incluso numerosas faltas de ortografía. Todo ciudadano tiene derecho a recurrir las decisiones administrativas, pero también es necesario asumir que un recurso no convierte automáticamente en injusta una calificación ni sustituye la falta de preparación.
Muchas han sido las manifestaciones protagonizadas por opositores que no han superado el proceso bajo lemas como «Basta ya de ceros». Incluso algunos familiares han contribuido a reforzar la idea de que el suspenso de sus hijos no responde a una falta de preparación, sino exclusivamente a una supuesta actuación incorrecta de los tribunales.
Sin embargo, conviene hacerse una reflexión. Nadie pondría en cuestión que el acceso a profesiones de enorme responsabilidad, como la Medicina, exige un nivel de exigencia muy elevado. Si un futuro médico cometiera errores graves en su formación, las consecuencias podrían afectar directamente a la salud e incluso a la vida de las personas. Salvando las diferencias entre ambas profesiones, la responsabilidad de un maestro tampoco es menor.
Los docentes son quienes forman a las futuras generaciones y tienen la misión de enseñar correctamente competencias básicas como la lectura, la escritura, la ortografía, la acentuación o la expresión escrita, pilares fundamentales de cualquier aprendizaje posterior.
Por ello, cuando un ejercicio de oposición evidencia importantes carencias en esos aspectos, el tribunal no puede ignorarlas ni rebajar el nivel de exigencia. Hacerlo supondría renunciar al principio de mérito y capacidad que debe regir el acceso a la
función pública y, en última instancia, perjudicar a los propios alumnos que recibirán esa enseñanza.
Quizá el mensaje que deberíamos trasladar a quienes no han conseguido superar el proceso no sea que el sistema está siempre en su contra, sino que las oposiciones también exigen asumir los resultados con deportividad y entender que, en ocasiones, es necesario seguir preparándose para volver a intentarlo con mayores garantías de éxito.
Ese enfoque, lejos de desanimar, dignifica el esfuerzo, fomenta la cultura del mérito y contribuye a formar mejores profesionales para el futuro.
La Administración tampoco puede permanecer en silencio. Quienes aceptamos formar parte de un tribunal asumimos una función compleja y, en muchas ocasiones, poco reconocida. Lo mínimo que cabría esperar es un respaldo institucional cuando nuestro trabajo es objeto de un cuestionamiento público constante.
Escuchar a los opositores es necesario. Analizar las posibles mejoras del sistema también lo es. Pero una sociedad que aspire a formarse una opinión equilibrada no puede conformarse con conocer una sola versión de los hechos. También merece ser escuchada la voz de quienes, desde el anonimato y el compromiso con el servicio público, hemos desempeñado la difícil tarea de garantizar que el acceso a la función pública se rija por los principios de igualdad, mérito y capacidad.
Porque detrás de cada tribunal no hay un enemigo de los opositores, sino profesionales que han procurado cumplir con su obligación de la forma más objetiva, rigurosa y honesta posible. Y esa versión de la historia, hasta ahora, apenas ha sido contada.
