FACUA-Consumidores en Acción critica que el Gobierno central haya mostrado abiertamente su respaldo al negocio de las gasolineras desatendidas ante la Comisión Europea, y en contra del criterio de distintas Comunidades que ya han articulado el rechazo a su implantación a través de normativas autonómicas, por lo que el tema seguirá en denuncia ante Europa.
Recuerdan que en Albacete y Castilla-La Mancha no dejan de ascender estos negocios y los sindicatos calculan que se han perdido por ello cientos de puestos de trabajo en toda la región.
El ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, y el de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal han remitido una carta a Bruselas donde escenifican su apoyo a este tipo de establecimientos. «Este tipo de gasolineras tiene suficientes garantías de seguridad y generan competencia, beneficiando al consumidor final», sostiene el Gobierno.
FACUA considera indignante este nuevo aval de las autoridades a un modelo de negocio que atenta contra la protección de los derechos de los consumidores, especialmente cuando pueden verse afectados usuarios que por sus circunstancias físicas y/o personales pueden encontrarse especialmente desprotegidos, impidiéndoles el acceso a servicios esenciales.
Un respaldo que se concreta meses después del anunciado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, y ante el que FACUA ya mostró su rechazo. La asociación rechazó entonces que la CNMC fomente la competencia a costa de arremeter contra los elementos más básicos de protección de los consumidores, y especialmente de aquellos colectivos más vulnerables.
La asociación recuerda que la ausencia de personal provoca, entre otras cosas, la imposibilidad de verificar que las cantidades de combustible surtidas son las adecuadas y que los surtidores funcionen correctamente, presentar una hoja de reclamaciones o solicitar una factura, entre otras cuestiones. Además, si la gasolinera no cuenta con personal se vulnera especialmente la protección de las personas con algún grado de discapacidad física, que se ven discriminados y obligados a buscar alternativas de uso.
Estas estaciones de servicio que no cuentan con ningún tipo de personal que atienda a los consumidores, suponen también un enorme riesgo contra la seguridad, dado que la vigilancia de los establecimientos es nula, y por lo tanto, no hay capacidad alguna para intervenir en casos de incidentes o accidentes. Tampoco es posible supervisar quiénes y de qué forma se recoge el combustible, que sin supervisión podría ser embotellado en recipientes no reglamentarios o utilizado de forma negligente o fraudulenta, con el consiguiente riesgo para la seguridad de los usuarios.
