El Grupo Municipal Socialista ha calificado de «maniobra de distracción», «ejercicio de opacidad» y “trampa” la estrategia que el alcalde, Manuel Serrano, y su concejal de Urbanismo, Julián Garijo, «están desplegando respecto a la regulación de los apartamentos turísticos en nuestra ciudad».
En el Consejo Rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) celebrado hoy, el Partido Popular ha puesto el foco en la suspensión de licencias para apartamentos turísticos en entreplantas y primeras plantas de edificios antiguos que carecen de acceso independiente, hasta que se regule mediante una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Sin embargo, la concejala socialista María José López ha denunciado que esta medida sirve de «cortina de humo» para restar protagonismo a otro asunto incluido en el orden del día, un criterio interpretativo mucho más grave, a su juicio. Así, lamentan que «el Equipo de Gobierno pretende conceder licencias a apartamentos en locales de planta baja sin obtener la aprobación expresa de la comunidad de propietarios».
La concejala socialista ha revelado que sostienen que, al tener acceso independiente desde la calle, estos locales no necesitan el visto bueno de los propietarios, “con lo que se obvia que la Ley de Propiedad Horizontal rige para todo el edificio, independientemente de por dónde se entre a la vivienda».
Defienden que «interpretación del PP choca frontalmente con el propósito de la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal —la Ley Orgánica 1/2025—, que entró en vigor en abril de 2025 con el objetivo de «empoderar a los vecinos» frente al avance de los pisos turísticos». «La ley establece que la instalación de nuevas viviendas de uso turístico requiere la aprobación expresa de las tres quintas partes de los propietarios», reitera.
Esta normativa, que se aprobó en las Cortes Generales, se ha desarrollado de la mano de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), de la que Manuel Serrano es miembro de su máximo órgano de gobierno, “otra contradicción más de este alcalde”.
Cree que «al eximir a los locales de planta baja de este requisito, el alcalde pretende invadir competencias estatales en materia de derecho de propiedad y legislación civil, que corresponden en exclusiva al Estado». Pero además, María José López indica que esta maniobra supone una invasión de las competencias de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
