Los nuevos edificios que se construyan tendrán que estar protegidos contra el gas radón, un gas radiactivo y nocivo prácticamente imperceptible que surge de forma natural en muchos terrenos ricos en granito. La Unión Europea exige a España esas medidas protectoras ya instaladas en los edificios de nueva construcción, ya que se muestra preocupada porque tiene relación con el cáncer de pulmón.
Cabe indicar que este gas se concentra en el tercio oeste de la península, en Galicia, en la Comunidad de Madrid, Castilla y León, parte de Castilla-La Mancha y también en Extremadura, según el Consejo de Seguridad Nuclear.
Lo que hace este elemento es emitir partículas alfa, muy energéticas, que impactan de forma continua contra el epitelio pulmonar y multiplican el riesgo de sufrir cáncer, incluso en mayor medida que el humo ambiental del tabaco, según lo advertía para El País el investigador Alberto Ruano.
Procede de subsuelos graníticos porque son ricos en uranio pero también lo encontramos en sótanos, en plantas bajas de viviendas y en los lugares de trabajo, ya que suelen estar en los bajos.
Parte de la provincia de Albacete tiene una exposición media a este gas pero en la localidad de Hellín hay un punto rojo, según el mapa publicado por el Consejo de Seguridad Nuclear. La zona del corredor de Almansa es una de las que tienen más riesgo medio en la provincia, según este mapa.
Hace unos años ya saltó la polémica por este gas al hilo de las prácticas de fracking que se estaban autorizando en la provincia, especialmente en los campos de Hellín y Montiel.
La Unión Europea aprobó en 2013 una directiva (2013/59/Euratom) que entrará en vigor el año que viene y que por primera vez obliga a los gobiernos a realizar mediciones en lugares de trabajo ubicados en áreas de riesgo y mitigar la concentración de radón en los que se registre un mínimo de 300 becquerelios por metro cúbico, la unidad de medida utilizada con este gas y que equivale a la desintegración atómica que se produce en un segundo. Los países miembros deberán además introducir requisitos específicos en los códigos de edificación que eviten la entrada de este gas en los inmuebles de nueva construcción y “fomentarán” su reducción en las casas ya existentes.
