El Grupo Popular de la Diputación Provincial de Albacete ha lamentado el rechazo del PSOE y la abstención de Vox a la moción presentada para exigir al Gobierno de España la adopción de medidas extraordinarias ante los graves acontecimientos producidos en Ceuta recientemente.
El diputado provincial del Grupo Popular, Antonio Martínez Alcalde, ha destacado que “lo sucedido en esta ciudad española no puede reducirse a un problema de carácter local, ni puede ser afrontado exclusivamente con los recursos ordinarios de la Ciudad Autónoma” y por ello ha aclarado que el sentido de la moción es para expresar, a través de la Diputación de Albacete, el firme apoyo, cercanía y solidaridad con los ceutíes”.
Al mismo tiempo, el diputado provincial ha exigido que “el Gobierno de España actúe para restablecer la legalidad, recuperar la normalidad, garantizar la seguridad y el orden púbico y proteger los derechos fundamentales y constitucionales de todos los ceutíes; ningún ciudadano de Ceuta puede sentirse solo o desprotegido, como tampoco puede trasladarse a una ciudad española la responsabilidad en materias como fronteras, inmigración, seguridad, relaciones exteriores y defensa de la integridad territorial”.
Martínez Alcalde ha explicado que la moción del Grupo Popular tiene un contenido fundamentalmente solidario ante los acontecimientos extraordinariamente graves que vive Ceuta desde hace dos meses; ha pedido también humanidad para los migrantes marroquíes que asaltaron la ciudad española ayudados por las mafias
que operan con personas; responsabilidad europea para la defensa de la integridad territorial y control de las fronteras y unidad para demostrar a los ciudadanos de Ceuta que no están solos y que merecen volver a la normalidad lo antes posible.
Por otro lado, el Grupo Popular, a través de esta moción, ha reivindicado la indiscutible soberanía española sobre Ceuta y Melilla, ciudades que constituyen parte inseparable de España, de su integridad territorial “y de nuestro proyecto común como Nación, cuya defensa constituye una responsabilidad irrenunciable del Gobierno de España y del conjunto de las instituciones del Estado”.
