Una crisis económica o un bandazo ideológico no deberían reducir las inversiones en la gestión de los servicios sociales, porque la ciudadanía debería ser el principal objetivo de las acciones políticas que definen estos asuntos.
Si creemos en un sistema social de calidad, si venimos trabajando en el sistema de atención a la dependencia, en la fuerza de la asistencia médica universal y gratuita, en nuestro sistema de pensiones, en la igualdad, en la protección y el amparo de las personas más vulnerables, en los derechos de los trabajadores y trabajadoras, nunca deberíamos olvidar que los pilares de una sociedad deben ser las inversiones para que estas líneas de trabajo nunca se pierdan o acaben reduciéndose significativamente.
En Castilla La Mancha tenemos claro que la prioridad es el conjunto de la población, un objetivo en el que el Gobierno Regional viene trabajando con fuerza para obtener los mejores resultados. No podemos olvidar que los Presupuestos en el área social en este 2026 se han incrementado hasta alcanzar la cifra de 953 millones de euros; y que, con ello, las políticas se ven reforzadas notablemente.
Pero no siempre ha sido así. Durante el gobierno del PP, con Cospedal como presidenta, los recursos destinados a la acción social se vieron reducidos hasta el término de cercenar la calidad en los servicios sanitarios, cerrando plantas de hospitales, afectando a la calidad de la enseñanza pública o desmantelando el sistema de dependencia, lo que supuso un parón evidente en las políticas sociales en su conjunto.
Porque las sensibilidades de los gobiernos del PP han demostrado poca atención a lo que supone un estado de bienestar fortalecido desde los intereses de las mayorías. Ahora, el compromiso decidido con las personas mayores, con más de 369 millones de presupuesto, así como con la discapacidad (159 millones) y las políticas de acción social, infancia y familia, han sentado las bases del gobierno del PSOE en nuestra región.
Compromiso que también se refleja en el área de la salud y la asistencia sanitaria. Conscientes de la necesidad de seguir mejorando la atención que recibe la ciudadanía, el Gobierno regional destinará un 40 % de su Presupuesto a este ámbito, lo que implica una media de 2.044 euros a la protección sanitaria por habitante, mientras se siguen mejorando nuestra red de infraestructuras sanitarias, con la conclusión del Hospital Universitario de Cuenca; la reciente puesta en funcionamiento del Edificio Polivalente del hospital de Albacete; las obras de conexión del Hospital Universitario de Guadalajara; y el avance final en las obras de los nuevos hospitales de Puertollano y de Albacete.
Conviene hacer memoria y recordar, porque los hechos ponen a cada cual en el lugar que le corresponde. No hace tanto, en Castilla-La Mancha se despidió a 3.000 profesionales de la Sanidad y solo un cambio al frente del Gobierno regional impidió que se privatizarán los hospitales de Villarrobledo, Almansa, Manzanares y Tomelloso. Pero en la hoja de ruta de Cospedal también figuraba aplicar esta receta a los de Toledo, Cuenca, Guadalajara y Albacete, porque el PP supeditó el más importante de los derechos de la ciudadanía, la salud, a la cuenta de resultados de las empresas privadas.
No hay mejor política social que favorecer la creación de empleo y dar una oportunidad laboral a quien la necesita. Aquí tampoco da igual quien gobierne y gestione. Frente a Cospedal, que eliminó los planes de Empleo, el presidente Page optó por recuperar las políticas activas de empleo. Solo utilizando como referencia el pasado año, en nuestra provincia el Gobierno regional invirtió 16 millones de euros, beneficiando, dando una oportunidad de empleo, a 1654 personas.
Los datos no admiten interpretaciones. A finales de 2015, en Castilla-La Mancha había 43.633 personas desempleadas, hoy, esta cifra se ha reducido a menos de la mitad (21.200). Precisamente, como no da igual quien gobierne, a través del nuevo Estatuto de Autonomía, Emiliano García-Page pretende garantizar que lo esencial, las políticas sociales, queden garantizadas e inamovibles. Frente a esta disposición y compromiso, la irresponsabilidad del PP, que ha echado el freno de mano, siguiendo los dictámenes de Génova, poniendo en peligro el blindaje de los Servicios Públicos: sanidad, educación y servicios sociales; o que la igualdad y el bienestar sean derechos fundamentales en nuestra Región.
Una vez más, el PP no está a la altura de los y las castellano-manchegas, ignorando la necesidad de agilizar y garantizar políticas definidas desde lo social, que amparen a todos y todas como herramienta de progreso y de bienestar.
Ignoran o, lo que es peor, actúan de mala fe. Pero el Gobierno de Emiliano García-Page seguirá trabajando para crear un marco social que garantice el acceso a los servicios sociales y la atención a la dependencia, garantizando políticas en el ámbito rural para luchar, entre otras cosas, contra la despoblación, buscando estabilidad para alcanzar consensos amplios en lo social y en lo político.
Porque no sabemos hacerlo de otro modo, porque sabemos que la acción de un gobierno, por encima de las crisis o de los bandazos ideológicos, debe tener siempre a las personas como protagonistas indispensables. Y, además, porque creemos en ello.
Emilio Sáez Cruz
Diputado en el Congreso y secretario general del PSOE en la ciudad de Albacete
