Emilio Sáez, diputado nacional del PSOE por Albacete, ha defendido en rueda de prensa el Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado viernes, como un «escudo social» que moviliza 5.000 millones de euros, para financiar más de 80 medidas para proteger a las familias, el campo y el empleo ante la incertidumbre internacional.
«La verdad es que es paradójico que España, que es un país que no quiere entrar en guerra con nadie, tenga que poner en marcha un plan, un escudo social para poder salvaguardar los intereses de nuestro país», ha declarado Sáez, recordando que «los y las socialistas no respaldamos una guerra ilegal e injusta y ante el caos que están provocando con la incertidumbre internacional que vivimos, nuestro gobierno lo que quiere es proteger y dar seguridad a la ciudadanía de nuestro país».
El diputado ha detallado que las medidas combinan respuestas inmediatas (rebajas fiscales y ayudas directas) con estructurales para reducir la dependencia del gas y petróleo: «Para reducir la dependencia de España del gas y del petróleo que se encarecen cada día más con esta crisis internacional, se están desarrollando estrategias para controlar el coste en la electrificación y para ello fomentar las energías renovables, el autoconsumo y el almacenamiento para ganar autonomía energética», ha explicado.
Emilio Sáez ha asegurado que a través de estas medidas, “el gobierno refuerza el escudo social porque lo primero son las personas», con prórrogas en bonos sociales y garantías de suministro que tendrán un efecto directo en concreto en hogares de la provincia de Albacete, gracias a la prórroga de los descuentos extraordinarios del bono social eléctrico, que pasa de un 42,5% a un 57,5% para aquellas familias que son más vulnerables. Se aumenta asimismo la ayuda del mínimo del bono social térmico, que en la provincia de Albacete afecta a 27.500 beneficiarios con importes que varían entre los 140 y los 400 euros. Finalmente, se garantiza la no interrupción del suministro de agua y de energía a consumidores vulnerables hasta que acabe este año 2026.
