Un 63 por ciento de las personas con discapacidad no tiene trabajo ni lo busca frente al 41 por ciento del resto de la población, pese a que su contratación ha mantenido una tendencia alcista en los últimos años y se prevé que 2014 cierre con un máximo histórico en el número de contratos a este colectivo.
Estas son algunas conclusiones del informe que, con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad que se celebra el 3 de diciembre, han elaborado la Fundación Adecco y la consultoría de empleo Capgemini con datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y del Instituto Nacional de Estadística (INE) y de una encuesta realizada a trescientos trabajadores con discapacidad y recoge ABC.
La baja actividad de las personas con discapacidad se debe a la falta de programas educativos que garanticen una formación igualitaria, a la carencia de recursos específicos para la búsqueda de empleo, a un sistema de pensiones que promueve la inactividad, a las barreras en la propia persona heredadas de clichés sociales y culturales y a barreras empresariales a la hora de contratarlos por culpa de los estereotipos.
Entre enero y octubre de 2014 se han firmado 69.648 contratos a este colectivo, la misma cifra que en todo 2013, lo que, según datos de SEPE, demuestra que este año se registrará un nuevo máximo histórico, tras los 69.648 logrados el pasado año, que ya fueron un 25 por ciento más que los de 2008.
Estas cifras, según el informe, chocan con el descenso del número de contratos registrado en los últimos años en el mercado laboral (un 12 % en los últimos cinco años).
Esta diferencia se debe al cambio de mentalidad en la cultura corporativa de las empresas que empiezan a ver el valor que aporta este colectivo (fiscales, sociales y productivas); al cambio de mentalidad de los discapacitados, ya que las nuevas generaciones sí se plantean un futuro profesional; y a la nueva legislación que unifica toda la normativa existente en materia de discapacidad.
Otro de los factores responsables de la citada diferencia es el refuerzo de algunas medidas puestas en marcha para evitar el doble riesgo de exclusión social como la puesta en marcha, por parte del ministerio de Empleo, del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, que permite que forme parte de él hasta los 30 años a quienes tengan una discapacidad del 33 % o más, frente a los 25 años para el resto de jóvenes.
Según el 40 % de las personas con discapacidad encuestadas, la principal razón que se encuentra tras el alto porcentaje de inactividad es la falta de compromiso por parte de las empresas, que aún albergan prejuicios y estereotipos.
De acuerdo con los datos de SEPE, en Castilla-La Mancha se contrató a 3.192.
