La Asociación de Ciencias Ambientales (ACA) ha presentado en este mes de abril su 3er estudio de pobreza energética: ‘Pobreza, vulnerabilidad y desigualdad energética. Nuevos enfoques de análisis’ que desvela que 5’1 millones de personas en España, el 11% de los hogares, son incapaces de mantener su vivienda a una temperatura adecuada en invierno, lo que ha supuesto un incremento del 22 % en tan solo dos años, fecha del último estudio. Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura y Murcia son las regiones en las que mayor pobreza energética se detecta, donde se roza el 30% de hogares en esta situación, dato que afectaría a la provincia de Albacete según este estudio.
ACA, la Asociación de Ciencias Ambientales fundada en 1997 compuesta por expertos preocupados por problemas ambientales, ha continuado con la línea de investigación que inició en 2012 con la publicación del primer estudio de pobreza energética en España y ha presentado un tercer informe, realizado con datos del 2014, que desvela que el 11,1% de los hogares españoles (5,1 millones de ciudadanos) se declara “incapaz” de mantener su vivienda a una temperatura adecuada, lo que sitúa a España por encima de la media europea que está en un 10,2 %.
A pesar de las medidas y avances que se han puesto en marcha en España desde que ACA presentara su anterior estudio en 2014, especialmente en el ámbito autonómico y local, el nuevo estudio revela que hasta un 21 % de los hogares españoles están experimentado condiciones asociadas a la pobreza energética y que un 6 % (2´6 millones de ciudadanos) dedican más del 15 % de sus ingresos familiares al pago de las facturas energéticas.
Otro de los indicadores usados en el estudio, situaría al 7 % de los hogares españoles en una situación de pobreza energética dado que los ingresos del hogar son menores que la renta mínima de inserción española (417 €/mes en 2014) descontando los gastos de vivienda y energía doméstica, es decir, que casi 5 millones de españoles apenas tienen con qué vivir, una vez pagados los gastos de hogar y de energía.
Una de las principales novedades del informe elaborado por la asociación ha sido avanzar en la caracterización socioeconómica de los hogares que presentan mayor vulnerabilidad. Hogares con bajos niveles educativos, con las rentas más bajas, con miembros en situación de desempleo, familias con personas mayores, monoparentales o familias con tres niños o más y viviendas en régimen de alquiler mostraban en 2014 tasas más elevadas de pobreza energética que otras tipologías. Todas estas cuestiones deberían tenerse en cuenta a la hora de definir el concepto de consumidor vulnerable.
Por otro lado, ACA apunta que la pobreza energética podría estar ocasionando el 30% de las muertes adicionales de invierno, según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS). En 2014, la mortalidad adicional de invierno promedio en España fue de 24.000 muertes, por lo que más de 7.000 fallecimientos prematuros estarían asociados a la pobreza energética.
Cómo solucionar la pobreza energética
ACA propone una actuación coordinada en entre diferentes actores y niveles de la administración por medio de una estrategia estatal de lucha contra la pobreza energética que involucre a los tres niveles de la administración, a las empresas suministradoras, ONGs y a los movimientos ciudadanos. En este proceso, ACA reclama:
Impulso de la rehabilitación energética de edificios con enfoque de pobreza energética, como solución a medio y largo plazo a esta problemática y como medida preventiva para reducir la vulnerabilidad futura de la población.
La reformulación del bono social para adaptarlo a la realidad de los consumidores vulnerables.
Actuar en el ámbito de los cortes de suministro con cambios legislativos y ampliar el acceso a fondos de ayuda para las situaciones más vulnerables.
La reforma de las políticas de financiación de eficiencia energética con el fin de beneficiar prioritariamente a hogares vulnerables y con dificultades para invertir en su vivienda.
El mejor aprovechamiento de oportunidades en el campo de la micro-eficiencia.
Fomentar programas de formación orientados a los colectivos vulnerables en temas de hábitos de consumo y eficiencia energética.
Mejorar la transferencia y uso de información relevante para una mejor toma de decisiones, incluyendo la recogida de estadísticas oficiales.
