Efectivos del Equipo de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil de Albacete, en colaboración de la Patrulla del Servicio de Protección de la Naturaleza de Munera, han imputado al dueño de una explotación ganadera en Mahora y sus dos empleados la presunta autoría de un delito de maltrato de animales domésticos. Los imputados son A.A.L., de 41 años de edad, vecino de Valencia y titular de la explotación; R.V.P. de 43 años de edad, vecino de Navas de Jorquera y M.A.L. de 56 años de edad, vecino de Pozo Lorente, empleados de la explotación ganadera y responsables de los animales.
La llamada de un ciudadano al teléfono 062, de urgencias de la Guardia Civil, alertaba de la existencia de cadáveres de ganado ovino junto a una explotación ganadera del término municipal de Mahora.
Una patrulla del SEPRONA de la Guardia Civil de Munera se trasladó al lugar, observando a simple vista la dispersión de cadáveres ovinos, en diferentes estados de descomposición e incluso algunos de ellos carbonizados.
Confirmados los hechos se planificó una inspección conjunta, en la que intervinieron, el mencionado SEPRONA y veterinarios adscritos a la Oficina Comarcal Agraria, de la localidad albaceteña de La Roda, dependiente de los Servicios Periféricos de la Consejería de Agricultura de la Junta de Comunidades.
Tras una entrevista con la persona encargada de la explotación ganadera, se observó, en el interior de un establo, la presencia de cadáveres de ovejas entre el resto de animales, algunos de ellos cadavéricos y otros en avanzado estado de descomposición.
En el exterior de la propiedad también se encontraron cadáveres de corderos recién nacidos junto a sus madres encontrándose el resto de animales vivos desprotegidos de las inclemencias meteorológicas y carentes de alimentación.
Todos ellos presentaban evidentes síntomas de desnutrición y falta de cuidados, llegando a morir por inanición o cualquier otra complicación derivada de la escasez de alimentos.
La Guardia Civil ha imputado un delito de maltrato de animales domésticos, tanto al titular de la explotación como a los responsables de su alimentación y cuidados.
Estos delitos están penados con penas de prisión de tres meses a un año e inhabilitación especial de uno a tres años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales domésticos o amansados.
Efectivos del Equipo de Protección de la Naturaleza, instruyeron las correspondientes diligencias que fueron entregadas en el Juzgado de Instrucción número 1 de Casas Ibáñez.
