La polémica por unos disfraces infantiles de bombera y enfermera en cuyos envoltorios aparecen niñas con tacones, minifalda escotes y posando con un tono coqueto, como si fueran adultas inunda las redes sociales. Son varias las cuentas que han difundido las imágenes y han pedido la retirada de estos disfraces, mientras FACUA trata de localizar a su fabricante para mediar en el asunto.
Han lamentado que los disfraces sexualizados no existen solo para adultas: la imagen de un vestido de “enfermera sexy” para niñas de cuatro a seis años se ha difundido ampliamente en las redes, después de que el tuitero Hematocrítico y la página de Facebook Cultura Re-Evolucionaria la publicaran en sus perfiles. Periodistas como Pepa Bueno o actores como Paco León también se han hecho eco de la imagen.
No es un caso aislado. Al hilo de la imagen, otros usuarios han compartido más de estos disfraces hipersexualizados para niñas pequeñas, como un disfraz de bombera de la misma gama o los de policía y jirafa.
Voces feministas indican que las tiendas de trajes para Carnaval tienen varios vestidos y atuendos que se presentan con un marcado carácter sexista, como los trajes de las populares Monster High, o los disfraces de demonios, que a veces imitan los de adultos en que se busca una imagen picante.
FACUA
Aunque FACUA dé con el fabricante del disfraz, la asociación reconoce que en estos casos todo depende de voluntad de la empresa: “Tanto las asociaciones de consumo como el Instituto de la Mujer podemos hacer un informe y pedir que se retire la imagen o producto”, explican, “pero la compañía puede negarse, porque las peticiones no tienen un carácter sancionador”.
Estas peticiones pueden ser efectivas contra empresas reconocidas, que intentan evitar una mala imagen de cara al público. Sin embargo, con empresas desconocidas es más complicado. “Depende únicamente de la voluntad de la empresa”, cuentan.
Aunque FACUA no tiene cifras concretas de quejas por disfraces sexistas, afirman que los consumidores sí se ponen en contacto a menudo con la asociación por campañas denigrantes para la mujer. No existe ningún organismo administrativo que asuma la potestad sancionadora en estos casos. “Habría que clarificar qué administraciones son las encargadas de tomar medidas legales”, explican.
