Este jueves, 15 de junio, por la noche, y tras un día y medio de deliberación, el jurado popular del juicio que se seguía contar A.G.S., acusado por la muerte de la vendedora de cupones de la ONCE en Albacete, daba a conocer su veredicto.
Han considerado que es culpable, por unanimidad. Creen que es culpable de haberle causado la muerte sin que la mujer se defendiera, también por unanimidad.
Han acordado que el procesado debe ser condenado por un delito de asesinato, por unanimidad.
Consideran también que el acusado que no es merecedor de la suspensión de la pena ni del indulto. Y le consideran, además, culpable de un delito de hurto al entender que se quedó con el dinero y los rascas de la ONCE que llevaba la víctima.
Ahora será la magistrada la que deba estimar la pena que le impone. Por asesinato, el Ministerio Fiscal y los abogados de las acusaciones particulares -había hasta tres; de los padres y el hermano, la hermana y la ONCE- pidieron la prisión permanente revisable.
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El Ministerio Fiscal ha insistido en que se ratifica en la solicitud de la prisión permanente revisable. Ha considerado que la pena por asesinato es de entre 15 y 25 años, pero cree que concurre la circunstancia de alevosía ya que la víctima no pudo defenderse. Entiende, además, que «se comete el delito de asesinato contra una persona especialmente vulnerable por razón de su enfermedad o discapacidad».
Ha defendido que no existe la atenuante de arrepentimiento.
El fiscal pide indemnización para los padres y los hermanos de la víctima, así como la indemnización para la ONCE del dinero en rascas y cupones que llevaba la víctima en el momento en que se produjeron los hechos.
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Por otro lado, el abogado Mariano López Ruiz, que ha representado la acusación particular de los padres de la víctima y el hermano que también vivía con ellos, ha dado las gracias al jurado y ha destacado de ellos que, en los juicios con jurado popular en los que ha estado, «es el más completo de los que he podido presenciar, independientemente de su resultado».
Ha solicitado que la pena sea la de la prisión permanente revisable porque «creemos que no cabe otra alternativa» y ha recordado que también piden una indemnización para los padres de la víctima y los hermanos, en su caso mayor que el Ministerio Fiscal y que deberá fijar, en todo caso, la magistrada en su sentencia final.
«La pena no puede ser otra porque no concurren los atenuantes que podrían rebajarla y es que no existen atenuantes. No existe el atenuante de confesión o de arrepentimiento porque nunca se arrepintió de dar muerte a María Isabel», ha indicado.
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La abogada de la hermana de la víctima también se ha sumado a la petición de que la condena sea la prisión permanente revisable, como ha venido manteniendo a lo largo del juicio; como también el abogado de la ONCE, que ejercía igualmente la acusación particular.
Ambos abogados han destacado «el magnífico trabajo y la motivación» del jurado popular.
El abogado de la ONCE ha pedido que conste que la cantidad de indemnización que corresponda a la entidad se done a los familiares de las víctimas.
La abogada de la defensa, que ha señalado que «acatamos la decisión del jurado», sí ha insistido en que no comparten que la pena deba ser la prisión permanente revisable y ha solicitado que, dentro del arco de los años de posible condena por un asesinato, se le imponga «la pena mínima».
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