La documentación relativa a la elaboración de los gastos de los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2015 y las propuestas de variaciones de las estructuras presupuestarias y de modificación del borrador de texto articulado, se remitirán a la dirección general con competencias en materia de presupuestos antes del día 15 de julio de 2014. Asimismo, la documentación relativa a la elaboración de ingresos se remitirá a la dirección general con competencias en materia de presupuestos antes del día 1 de julio de 2014, según establece la Orden de la Consejería de Hacienda, sobre normas de elaboración de los presupuestos de la región, publicada este lunes por el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
La consejería competente en materia de estadística remitirá, antes del 15 de julio de 2014, la información relativa a la primera parte del Informe Económico y Financiero que acompaña al Anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y que tiene por cometido proporcionar una visión del contexto económico en que se enmarcan dichos presupuestos.
Los secretarios generales de las consejerías deberán remitir a la dirección general con competencias en materia de presupuestos las propuestas de normas de contenido presupuestario cuya inclusión en el texto articulado del Anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha consideren procedentes.
Las propuestas al texto articulado deberán ir acompañadas de la justificación de su necesidad y de su adecuación al ordenamiento jurídico, así como de una memoria explicativa de la relación del articulado propuesto con las habilitaciones de gasto y las previsiones de ingresos, cuantificando, en su caso, el efecto de la norma propuesta sobre las cifras de ingresos o gastos que han de presentar.
La elaboración de los Presupuestos Generales se realizará conforme a los principios de eficacia, eficiencia y economía, cuya aplicación permitirá la consecución de un mayor nivel de garantía y de cobertura en la prestación de los servicios públicos. Se aplicarán criterios de austeridad y racionalización para el gasto corriente, consolidando los niveles de calidad y cobertura de los servicios públicos que presta la Comunidad Autónoma.