Tres funcionarios de la Seguridad Social de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), Albacete y Zaragoza han aceptado trece meses de prisión y seis de inhabilitación por filtrar datos personales y laborales de trabajadores y empresas a agencias de detectives que las vendían posteriormente, según informan medios nacionales.
En la sección 21 de la Audiencia de Barcelona estaba previsto este lunes el juicio contra nueve presuntos miembros de la trama dedicada al tráfico de datos personales, de la que además de los tres funcionarios formaban parte detectives y responsables de empresas que vendía información personal.
Los nueve acusados, que afrontaban condenas de hasta cinco años de prisión, han aceptado trece meses de cárcel por delitos continuados de descubrimiento y revelación de secretos -y seis de inhabilitación en el caso de los funcionarios-, al beneficiarse de la atenuante de dilaciones indebidas, dado que la causa estuvo encallada en los juzgados entre los años 2002 y 2004 y entre 2011 y 2013.
La Fiscalía ha aceptado rebajar su petición de condena a cambio de que los procesados acepten los hechos y se conformen con 13 meses de prisión, pena que el ministerio público pide que les sea suspendida para que no tengan que ingresar en la cárcel, dado que carecen de antecedentes penales.
