El Gobierno de Castilla-La Mancha continúa avanzando en la elaboración de la futura Ley de Accesibilidad Universal con un proceso basado en la escucha activa y la colaboración con el movimiento asociativo. En este marco, el comisionado para la Accesibilidad, José Luis Escudero, ha mantenido un encuentro de trabajo con responsables de Cocemfe y Castilla-La Mancha Inclusiva Cocemfe en el Centro Infanta Leonor.
Durante la reunión, Escudero ha puesto en valor el compromiso del Ejecutivo autonómico de construir una norma moderna y adaptada a las nuevas realidades sociales, cumpliendo así con la voluntad del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García‑Page, de integrar a las entidades representativas de la discapacidad en el diseño de las políticas públicas.
“La accesibilidad universal no puede entenderse como un ámbito sectorial, sino como un derecho que atraviesa todos los espacios de la vida cotidiana”, ha señalado el comisionado, quien ha destacado que la nueva ley “nace con el objetivo de mejorar la vida de todas las personas y no solamente la de las personas con discapacidad”.
Escudero ha recordado que la normativa actualmente vigente fue aprobada hace más de tres décadas y que, aunque resultó innovadora en su momento, requiere una actualización profunda para dar respuesta a los cambios sociales, urbanísticos, tecnológicos y demográficos experimentados desde entonces. En este sentido, ha subrayado que la accesibilidad debe abordarse de forma integral, incorporando criterios físicos, sensoriales y cognitivos. En esta línea, ha destacado que se trata de que “la accesibilidad universal permita que cualquier producto, servicio, dispositivo o entorno pueda ser utilizable, accesible, comprensible y entendible por parte de cualquier persona, de manera que tenga autonomía para desempeñarse en la vida social, económica o política”.
El comisionado ha explicado que el proceso participativo, ya en marcha a través del portal de participación institucional, está permitiendo recoger aportaciones de entidades, profesionales, empresas y ciudadanía. Los diferentes bloques de la Ley se irán publicando hasta finales de junio, abordando ámbitos como el urbanismo, el transporte, los espacios naturales y el uso del dominio público para actuaciones de accesibilidad.
“Queremos una ley que facilite soluciones cuando no existan alternativas técnicas viables y que responda a necesidades que nos están trasladando tanto el tejido asociativo como los colegios profesionales”, ha indicado Escudero.
Asimismo, ha avanzado que el objetivo del Gobierno regional es disponer de un borrador del texto legal antes del verano, para que posteriormente el Consejo de Gobierno apruebe el anteproyecto y se inicie su tramitación parlamentaria, confiando en que el consenso político acompañe un texto que responde al interés general.
