Este principio que en una sociedad democrática no tendría ninguna discusión, se esta poniendo en duda últimamente, cuando algunos personajes por su situación económica o por situación jurídica, creen que están por encima de ley, y que ellos no pueden someterse al imperio de esta, al igual que hacen los demás mortales.
Estos días, acaban de terminar, a falta de sentencia, dos juicios celebrados uno en el Tribunal Supremo, con el Magistrado Garzón como acusado, y el otro, en el Tribunal Superior de Justicia de la Generalitat Valenciana, teniendo al ex presidente Sr. Camps como imputado.
Dos procesos que han acaparado y llenado los medios de comunicación en todas sus vertientes, jurídica, folclórica, y del corazón, y que los ciudadanos han seguido con indignación el comprobar como la ley, puede ser interpretada según el color político de los protagonistas.
A Camps se le imputa un delito de cohecho impropio, al aceptar varios regalos textiles y de otro carácter, en el ejercicio de su mandato como Presidente de la Generalitat, en sus conclusiones finales, el fiscal y la acusación particular, han reducido su enriquecimiento a la aceptación de dos trajes, y un par de chaquetas.
Desde mi particular opinión, el calvario que está viviendo este pobre hombre se lo tiene más que merecido, que un político de su altura y consideración se haya visto envuelto en un proceso de estas características, ponen de manifiesto lo endeble y débil de nuestra clase política, someterse durante años al cachondeo y burla de sus ciudadanos, el tener que escuchar las conversaciones telefónicas mantenidas tanto por su esposa, como sus colaboradores con los dirigentes de la banda, es como para esconderse y no aparecer más en la vida política ni civil.
Ya lo puede condenar el jurado popular a una multa, que en definitiva, es lo que le corresponde por sus actuaciones, pero que hayan transcendido sus conversaciones con los jefes de la banda, pone de manifiesto la calidad humana de quien ha dirigido al gobierno valenciano estos últimos años. Creo sinceramente que a partir de ahora no tendrá el valor necesario para asomarse a la puerta de su casa.
A Garzón le han sentado en el banquillo por el llamado “escuchas en caso Gurtel” al no respetar la intimidad entre encarcelado y abogado, grabando todas las conversaciones, usando esas grabaciones para instruir la causa, quedándole dos querellas más, también por prevaricación, su afán de notoriedad, su protagonismo desmedido, y su falta de pudor político y jurídico, al creerse que él, está por encima de la ley, y de todo ordenamiento, el Tribunal Supremo, ha entendido al sentarlo en el banquillo, que ha quebrantado una de las normas más elementales de los derechos civiles, como es la protección del derecho de defensa entre los abogados y sus clientes.
La aparición de Barden, Llamazares, junto a grupos de la extrema izquierda, le ha dado a este juicio un carácter marcadamente político en un intento de presionar a los miembros del tribunal, la intentona de politizar el proceso al confundirlo de una manera ladina soez y burda con el franquismo, ha llevado a la mayoría de los ciudadanos a rechazar tales intentos.
Garzón, al igual que como cualquiera de nosotros tiene que estar sometido al imperio de la ley el no respetar este principio, le tiene que llevar al banquillo y aceptar el castigo que le corresponda por prevaricar.
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