La consejera de Fomento de Castilla-La Mancha, Marta García de la Calzada, ha asegurado hoy que la política de vivienda del Ejecutivo presidido por María Dolores Cospedal ha puesto el foco de atención en “proteger a los que menos recursos tienen”, al tiempo que ha incidido en el “importantísimo carácter social” que tiene esta materia.
“Cuando hacemos planes de vivienda, las administraciones ponemos recursos públicos a disposición de ese sector, porque cumple principios de política económica y hacemos efectivo un derecho constitucional como es el derecho a la vivienda digna”, ha enfatizado Marta García. A su juicio, es imprescindible acertar en este tema “para no tirar ni un solo euro de los ciudadanos”.
En el transcurso de una entrevista en el programa “Al Quite”, en Castilla-La Mancha Televisión, la consejera ha explicado que el nuevo Plan de Vivienda regional recoge una serie de ayudas cofinanciadas por el Estado y por la propia comunidad autónoma, con el objetivo de “fijar un nuevo modelo radicalmente distinto de los anteriores”, tal y como se viene haciendo desde el inicio de la legislatura, y en base a tres líneas estratégicas: fomento del alquiler, para ayudar a los ciudadanos a acceder a una vivienda digna; la rehabilitación, para que los edificios y las viviendas sean más confortables, seguras y eficientes; y que la vivienda pública cumpla su verdadera función social.
La titular de Fomento ha lamentado las políticas erróneas de los gobiernos socialistas, con un gran número de viviendas puestas a la venta – patrimonio de la Junta de Comunidades- vacías y sufragadas con los impuestos de los ciudadanos. “No es posible destinar el dinero público a construir viviendas y dejarlas desocupadas, porque no hay nada más antisocial que gastarnos el dinero de los ciudadanos en construir viviendas que luego no se ponen a su disposición”, ha añadido.
Frente a esta práctica, Marta García ha contrapuesto la política emprendida por el Gobierno de la presidenta Cospedal, que ha puesto prácticamente todo el parque de viviendas en régimen de alquiler, haciéndolo más accesible y sin exigir tantas garantías. En este punto, se ha referido al importante paquete de ayudas de 3 millones de euros convocadas en 2013, de las que se han beneficiado 1.800 familias.
Medidas significativas en el cambio de la política de vivienda
Siguiendo en este cambio radical de la política de vivienda emprendida por el Gobierno regional, la consejera ha recordado medidas sociales como “considerar como colectivo de atención preferente a aquellas familias que han sido desahuciadas como consecuencia de una ejecución hipotecaria, para ser adjudicatarios de una vivienda pública”, situación que no se contemplaba anteriormente, así como la posibilidad de que los inquilinos de la Junta de Comunidades puedan aplazar el pago de las rentas cuando, por circunstancias económicas o encontrarse en situación de desempleo, no puedan afrontar esos gastos.
Otro de los cambios significativos que ha destacado Marta García ha sido la aportación de 13 millones de euros para rehabilitación, destinados a acondicionar viviendas públicas que estaban sin uso, y ponerlas a disposición de los ciudadanos.
Además, ha hecho hincapié en el cambio de calificación de la vivienda de promoción pública de venta a alquiler. “Prácticamente hemos desecho el nudo que teníamos de viviendas públicas sin ocupar al 50 por ciento”, ha reconocido.
