El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha abierto juicio oral contra el ex presidente de Caja Castilla La Mancha Juan Pedro Hernández Moltó y el ex director general Ildefonso Ortega, y les ha emplazado a pagar en diez días una fianza civil de 138,2 millones por el agujero ocasionado en la entidad, tal y como recogen medios nacionales como El Mundo.
El juez les atribuye los delitos de administración desleal y falseamiento de las cuentas y les impone esta cuantía de forma solidaria a petición de la acusación ejercida por el Banco de Castilla La Mancha, que lo reclamó por el perjuicio económico que le pudieron ocasionar el «conjunto de operaciones» investigadas.
Para ellos, la Fiscalía pidió el pasado 21 de octubre dos años y medio de prisión pero solo por un delito societario de falseamiento de cuentas por emprender una «maniobra contable» con la que reflejaron 30 millones en beneficio en lugar de unas pérdidas de 182 millones.
Sin embargo, no reclamó ninguna responsabilidad civil ni les acusó del delito de administración desleal que sí aprecia Ruz, que en su auto consideraba indiciariamente acreditada la existencia de una serie de operaciones de crédito con una «notoria desproporción entre los riesgos concedidos y su probabilidad de recuperación».
Mientras, el Banco de Castilla La Mancha eleva su petición a cinco años y medio de prisión, y la otra acusación, ejercida por Adicae, la deja en cinco.
