La Organización Médica Colegial (OMC) critica que el anteproyecto de ley que regula la interrupción voluntaria del embarazo establezca que la mujer debe ser considerada «enferma mental» para poder abortar, y pide que además se incluya el supuesto de malformación grave o enfermedad incompatible con la vida del feto.
En una declaración institucional firmada por la Asamblea General de esta institución, en la que participaron los presidentes de los 52 colegios de médicos de España, han recordado al Gobierno que los poderes públicos deben elaborar leyes «lo más consensuadas posibles», y «sobre todo en aspectos fundamentales que inciden directamente en el capítulo de los derechos y libertades».
De este modo, consideran «necesaria» la despenalización del aborto en caso de malformación grave o enfermedad incompatible para la vida del feto que contempla la Ley actual, «en equilibrio» con lo dispuesto en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que ratificó España en 2008.
En la reforma planteada por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Galladón, sólo se podría interrumpir de forma voluntaria el embarazo en caso de violación o cuando exista un grave peligro para la vida o salud física y psíquica de la mujer. Y en caso de esto último (daño psíquico), debe ser certificado por dos psiquiatras sin relación con el centro que va a practicar la intervención.
Los médicos critican también esta condición ya que «la mujer que por distintas circunstancias decide interrumpir voluntariamente su embarazo no ha de ser considerada ni definida de antemano como una enferma mental», salvo que exista una patología psiquiátrica previa.
Además, también consideran que «no es aceptable» que una decisión «tan importante» quede «en manos de terceros».
Tras analizar el anteproyecto, también piden que la reforma permita a las menores de 16 y 17 años que quieran abortar no tener que informar de su decisión a uno de sus padres o representantes legales cuando alegue fundadamente (certificado por los servicios sociales) que provocará un conflicto grave, «manifestado en el peligro cierto de violencia intrafamiliar, amenazas, coacciones, malos tratos o se produzca una situación de desarraigo o desamparo».
Por otro lado, avisan de que con la transposición de la Directiva europea de sanidad transfronteriza cualquier ciudadana española podrá ir a otros países de la UE a interrumpir su embarazo en los plazos que establezcan «asumiendo los costes que eso conlleva en el caso de no estar financiada dicha prestación por el Sistema Nacional de Salud (SNS)», lo que a su juicio puede generar «inequidades».
Los médicos creen que es necesario promocionar y favorecer activamente políticas específicas y de apoyo económico a la maternidad responsable, contemplar la educación sexual y reproductiva decidida, especialmente entre los jóvenes y facilitar el acceso «gratuito» a la píldora anticonceptiva de emergencia en los centros de salud y centros de orientación familiar.
Por último, en el apartado de quién puede realizar un aborto piden añadir a cualquier «personal sanitario «cualificado para ello», y que la objeción de conciencia del médico sobre esta intervención se pueda admitir en acciones directas pero «no incluir actuaciones indirectas».
