El Banco de España ha publicado en su página web el Informe Anual 2025, que dedica un capítulo específico a la vivienda. Los problemas de este mercado constituyen uno de los principales retos de la economía española y pueden tener efectos adversos sobre el crecimiento económico a largo plazo y la desigualdad.
El elevado esfuerzo para acceder a la vivienda retrasa la emancipación y puede afectar a decisiones como la natalidad, la movilidad laboral o la inversión en formación.
El acceso a la vivienda está condicionado por un aumento sostenido de los precios reales, tanto de compra como de alquiler, debido, principalmente, a que la demanda crece más rápido que la oferta. En este sentido, el déficit acumulado de viviendas se ha intensificado en los últimos años, concentrándose en determinadas provincias.
Las dificultades para acceder a la vivienda en propiedad desplazan la demanda hacia el alquiler, presionando al alza los precios y el esfuerzo de los hogares. Los elevados esfuerzos asociados al alquiler dificultan la emancipación de los jóvenes, la localización de los inmigrantes y resultan especialmente onerosos en los centros de las áreas urbanas.
El precio real* de compra de la vivienda en Castilla La-Mancha ha crecido un 1% anual entre 2014 y 2025, muy por debajo de la media de España, que supera el 2%. Por su parte, el precio del alquiler ha aumentado un 1,1% anual entre 2014 y 2024.
El menor aumento de los precios implica un esfuerzo contenido de los hogares castellanomanchegos para acceder a una vivienda. En concreto, los hogares que no residen en viviendas de su propiedad debían destinar 3,8 años de su renta neta para adquirir su primera vivienda, mientras que aquellos que viven de alquiler debían destinar el 22% de su renta neta al arrendamiento.
Estos niveles de esfuerzo se sitúan muy por debajo de la media de España (6,8 años y 26,7%, respectivamente).
En Castilla-La Mancha, la evolución de los precios reales desde 2014 ha sido muy dispar entre las distintas zonas geográficas, registrándose los mayores incrementos y esfuerzos en las áreas urbanas de las capitales de provincia, que es donde se concentra la actividad económica y el crecimiento demográfico.
Por ejemplo, en el área urbana de Cuenca el precio real de compra ha crecido un 1,3% de media anual entre 2014 y 2025, mientras que a nivel provincial se registra un descenso del 0,2% anual, reflejando que la demanda se concentra en la capital. Con el precio real del alquiler se observa la misma tendencia, ya que crece mucho más en el área urbana que en el promedio de la provincia. En otras zonas como Ciudad Real o Albacete se registra el mismo fenómeno. En este sentido, cabe destacar que las áreas urbanas de Guadalajara y Albacete lideran el crecimiento del precio real de compra de la vivienda, con aumentos del 2,9% y el 1,5% anual desde 2014.
Así, los hogares afrontan un mayor esfuerzo para acceder a una vivienda en las principales áreas urbanas de Castilla-La Mancha. Por ejemplo, en 2024, los hogares del área urbana de Albacete que no residían en viviendas de su propiedad debían destinar casi 6 años de su renta neta a la adquisición de su primera vivienda, superando el esfuerzo medio autonómico y acercándose a la media nacional. En ranking de esfuerzo le sigue Cuenca (5 años) y Guadalajara (4,6 años).
En el alquiler, los mayores esfuerzos se observan en las áreas urbanas de Albacete, Toledo y Cuenca.
El área urbana de Ciudad Real es la que registra los crecimientos más bajos de las cinco capitales, situándose prácticamente en niveles planos. También es la zona que menos esfuerzo requiere para acceder a una vivienda en alquiler de las áreas analizadas, por debajo de la media autonómica, aunque en el caso de la compra se observa un mayor esfuerzo.
A nivel provincial, Ciudad Real es la provincia de Castilla-La Mancha donde más cae el precio real de compra de la vivienda entre 2014 y 2025 (-0,7% anual), mientras que la provincia de Guadalajara lidera los incrementos, con un 3% anual.
*Los precios reales están ajustados por la inflación.
**Las tasas de variación de precios deben interpretarse como tasas de incremento o reducción en promedio anual. Estas tasas no tienen en cuenta cambios en la composición de las viviendas en el tiempo y el espacio.
