Santi Cabañero, secretario general provincial del PSOE de Albacete y presidente de la Diputación
Hay dos maneras de comprometerse con la igualdad. Una es decirla por ejemplo en mítines, manifiestos y campañas. La otra es hacerla, poniendo encima de la mesa presupuesto, regulación y servicios concretos para mujeres concretas en lugares concretos.
La primera sin la segunda no es política, es marketing. Y el 8 de marzo de 2026 exige distinguir claramente entre una cosa y la otra, especialmente cuando cada vez hay más actores, con cara visible y sin ella, empeñados en que retrocedamos.
No es un fenómeno difuso ni un malestar sin autor. En América, en Rusia, en Oriente Medio, en Europa y en España, la ultraderecha ocupa instituciones y difunde el mismo mensaje: que la igualdad entre mujeres y hombres es un privilegio, no un derecho, y que el feminismo es una ideología peligrosa que hay que combatir. Son las derechas que votan contra las leyes de protección a las víctimas de violencia machista, que llaman «ley de mentiras» a la legislación que protege a las mujeres, que ponen en cuestión los datos sobre agresiones sexuales o que utilizan el lenguaje de la «libertad» para desmantelar cualquier política de igualdad que encuentran a su paso. Su posición es conocida, explícita y votable: son los que se presentan a las elecciones prometiendo derogar.
Pero hay otra derecha, quizá más peligrosa porque es más difícil de señalar. Es la derecha que no aparece en papeletas pero que gobierna desde los servidores. Las grandes plataformas tecnológicas llevan años amplificando el odio no por descuido, sino porque el contenido agresivo genera más interacción y la interacción genera ingresos. Eso no es una teoría conspirativa; es el modelo de negocio documentado. Cuando se habla de «libertad de expresión» para justificar la ausencia de regulación, conviene recordar quién se beneficia económicamente de esa ausencia.
Las consecuencias son concretas. Siete de cada diez mujeres jóvenes en España han experimentado alguna forma de violencia en línea. Y la llamada machosfera no es cuatro perfiles anónimos con demasiado tiempo libre: es una red bastante organizada cuya expansión está directamente relacionada con cómo funcionan los algoritmos. Esto no ocurre en un vacío; ocurre en un entorno técnico y político que lo hace posible.
Mientras tanto, esas mismas redes promueven una estética de la sumisión presentada como elección personal. El problema no es que existan esos contenidos —siempre han existido formas de presión cultural sobre las mujeres— sino la escala y la velocidad con que se normalizan entre adolescentes. Lo que una generación aprende a considerar deseable o inevitable importa, y mucho. Cuando los algoritmos premian el servilismo, la derecha política recoge los votos.
La respuesta educativa tiene que alcanzar ese territorio. No es suficiente con una hora a la semana de educación afectivo-sexual si las referencias reales de chicas y chicos se construyen en plataformas que premian otros valores completamente distintos. Una coeducación que no incorpore el análisis crítico del entorno digital es una coeducación incompleta. Igual que lo es cualquier programa de igualdad que hable solo a las mujeres y no trabaje con los chicos.
Las derechas, las que tienen escaño y las que tienen servidor, se oponen a esa coeducación. Las primeras porque la llaman «adoctrinamiento». Las segundas porque les conviene una audiencia que consuma sin preguntarse demasiado. Son intereses distintos que, por razones distintas, apuntan en la misma dirección.
En ese contexto, lo que ocurre en lugares concretos importa más de lo que parece. La Diputación de Albacete, gobernada por el PSOE, ha articulado en los últimos años, a través de la sociedad civil, una red de servicios de igualdad que funciona en municipios pequeños, con presupuesto real y continuidad. Todas nuestras acciones de gobierno han incorporado la transversalidad de la igualdad. Es un ejemplo entre muchos, y no pretendo idealizarlo, pero ilustra algo que a veces se olvida en los debates más abstractos: cuando hay voluntad política, la igualdad deja de ser un enunciado a ser una partida presupuestaria que fructifica en proyectos y servicios concretos.
Cada paso atrás en los derechos de las mujeres es un golpe contra la democracia misma, ya se dé con una ley, con un voto en contra o con un algoritmo que viraliza el odio. Y los responsables tienen nombre. Unos se presentan a elecciones prometiendo derogar derechos. Otros cotizan en bolsa mientras sus plataformas destruyen autoestimas y financian el odio.
Señalarlos no es radicalismo: es precisión política. Y la respuesta, como siempre, pasa por gobernar desde la izquierda. Desde el feminismo
